“Sin democratización de la comunicación, no hay democracia” fue una proclama que nació de grupos activistas e intelectuales –particularmente de quienes abordan el tema desde la economía política de la comunicación- al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los ’80. Una de sus primeras demandas: que los medios de comunicación dispongan espacios para poder debatir su rol y responsabilidad social. Imposible.
Años después, se expanden e imponen las políticas neoliberales que entre otras cosas dan paso a una mayor concentración monopólica y oligopólica mediática. En tales condiciones, dar paso a tal debate, un imposible mayor. Es más, la sola posibilidad de proponerlo prácticamente resultaba ser una amenaza a la “libertad de expresión”.
Cuando, ante la incapacidad del neoliberalismo de resolver los problemas que prometió hacerlo –y que por el contrario los agravó- el mapa político cambia de color, paulatinamente va cobrando fuerza esa demanda básica de abrir el debate sobre los medios de comunicación y sus responsabilidades sociales. Y el imposible se revierte: los medios del establecimiento se atrincheran en el sentido patrimonialista de la “libertad de expresión”, a partir del cual tratan de imponer un gran monólogo, apoyándose en la tradicional auto-referencia que entre ellos han establecido, tanto nacional como internacionalmente; pero resultan rebasados por un proceso de democratización que aspira garantizar como mínimo la pluralidad y diversidad informativas, abriendo y asegurando condiciones para que los sectores sociales tradicionalmente excluidos puedan irrumpir en tal espacio. Y es así como el debate está abierto.
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